MANIFIESTO sobre Torturas Carcelarias

CASO 27-2017: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

MANIFIESTO sobre Torturas Carcelarias

El Tribunal Budista de Derechos Humanos, defensor de los derechos de la ciudadanía global y de todos los seres de la Madre Tierra, ejerciendo la soberanía cultural que emana de los Pueblos Budistas y Comunidades Espirituales, conoce perfectamente la situación de pobreza y opresión en la que se encuentra gran parte de las poblaciones marginadas del mundo, las cuales pierden total o parcialmente sus libertades políticas, económicas, jurídicas y ambientales;

El Tribunal Budista de Derechos Humanos tiene una vocación ética universal, por lo que se dirige a toda la humanidad para que tome consciencia de la situación terrible que padecen las poblaciones de presos en las cárceles;

El Tribunal Budista de Derechos Humanos se dirige a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que previamente se ha sentenciado como Responsable de los cargos de VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS BUDISTAS Y COMUNIDADES ESPIRITUALES, y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS A LA VIDA, PAZ E INTEGRIDAD;

Se manifiesta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es cómplice de los crímenes de la República Argentina, pues ha rechazado investigar ciertos actos delictivos cometidos por este Estado que merecen ser condenados, como la discriminación religiosa y la violación al acceso a la justicia;

Se manifiesta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió no responder ni actuar ante las acciones del Tribunal Budista, como el Pronunciamiento sobre Desprotección Judicial del día 4 de marzo de 2017, donde se insistía en denunciar que la policía y el sistema carcelario de Argentina cometen crímenes de lesa humanidad, pues de forma sistemática o generalizada existen casos de tortura, abuso y detenciones prolongadas arbitrarias;

Se manifiesta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió no responder ni actuar ante las acciones del Tribunal Budista, como la Proclamación sobre Violencia Institucional del 05 de Febrero de 2018, donde se denunciaba que el gobierno argentino del Presidente Macri ha criminalizado la protesta social por medio de la represión directa contra manifestantes o por medio de la detención arbitraria masiva de manifestantes y transeúntes, reprimiendo violentamente con gases tóxicos y disparos de bala contra civiles, legisladores opositores y periodistas, incluso realizando tratos crueles e inhumanos contra mujeres, por lo que se estaría cometiendo crímenes contra la humanidad;

Se manifiesta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió no responder ni actuar ante las acciones del Tribunal Budista, como cuando en Proclamación sobre Violencia Institucional se confirmó que el gobierno de Argentina va a continuar realizando y avalando episodios de violencia institucional con impunidad, como torturas, detenciones arbitraras y ejecuciones extraoficiales, salvo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decida intervenir urgentemente para frenar este plan sistemático y generalizado de impunidad y violación a la justicia de los derechos humanos;

Se manifiesta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió ignorar que el gobierno argentino no estaría haciendo nada para frenar los numerosos casos de abusos policiales, como agresiones y detenciones arbitrarias, e incluso ejecuciones extrajudiciales o torturas, que han sido denunciados por organizaciones como la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin);

Se manifiesta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió ignorar que el Tribunal Budista condenó públicamente al Presidente Macri como partícipe necesario del plan sistemático de violencia institucional y abusos a los derechos humanos en Argentina, especialmente por las detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extraoficiales;

Se manifiesta que según el Registro Nacional de Casos de Tortura, elaborado conjuntamente por la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos, el sistema penal de Argentina utiliza a la tortura como un elemento estructural, extendido y persistente, pues en el año 2017 las cárceles argentinas han realizado más de 5300 casos de torturas contra más de 1400 víctimas, sometiendo a los presos a agresiones físicas, salud inadecuada, aislamiento individual, malas condiciones materiales, alimentación deficiente, amenazas, impedimentos de visitas familiares y vínculos socialesrequisas personales vejatorias, robos, y traslados gravosos o constantes, logrando que los presos dejen de sentirse como seres humanos;

Se manifiesta que Alcira Daroqui, directora del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación y coordinadora del Registro Nacional de Casos de Tortura, afirmó que la tortura en el sistema carcelario está presente de forma sistemática y generalizada, lo cual demuestra totalmente la rectitud de la condena del Tribunal Budista de Derechos Humanos contra el Estado Argentino por crímenes contra la humanidad;

Se manifiesta que la tortura en las cárceles argentinas incluyen una regularidad y sistematicidad de golpes de puño, patadas, palazos, gas pimienta y lacrimógeno, y técnicas de aturdimiento, siendo una deliberada forma agravada de trato inhumano y pena cruel degradante, intentando dominar a los presos con el costo de generar mayores grados de violencia intracarcelaria;

Se manifiesta que la Procuración Penitenciaria de la Nación ha advertido que el aislamiento como forma de castigo constituye un modo de tortura, lo cual se evidencia en que en las celdas de encierro los presos se encuentran retenidos en condiciones degradantes casi la totalidad del día y sin luz ni ventilación, estando rodeados de orina y materia fecal, sin colchón para dormir en presencia de ratas y cucarachas, sin comida y sin atención médica, incluso generando mayores niveles de torturas de los guardias cuando los presos denuncian sus condiciones de vida inhumanas;

Se manifiesta que Alcira Daroqui, de la Procuración Penitenciaria de la Nación, afirmó que la baja cantidad de denuncias no corresponde con la enorme cantidad de hechos de torturas registrados, lo cual sería explicado tanto por la impunidad que genera el ámbito judicial argentino como también se debería al miedo de los presos a ser asesinados como represalia de sus denuncias;

Se manifiesta que existen informes que contabilizan un total de más de 1900 muertes de detenidos en cárceles desde el período 2010 al 2017, lo cual es una cifra que incluso ha alarmado a la ONU;

Se manifiesta que el 13 de mayo de 2017 el Comité de la ONU contra la Tortura ya había requerido al gobierno argentino del Presidente Macri que realice medidas urgentes contra la violencia producida por las fuerzas de seguridad, debiéndose investigar exhaustivamente y prohibir inequívocamente las prácticas de maltrato, tortura, asfixias y vejámenes que son una práctica recurrente de la estructura militarizada corporativa de las fuerzas de seguridad y el personal carcelario, cuyos patrones de violencia y arbitrariedad también se extienden a detenciones de jóvenes sin orden judicial;

Se manifiesta que el 60% de los detenidos en Argentina son presos sin condena que muchas veces tienen prisión preventiva por períodos de hasta 5 años, lo cual causa una superpoblación carcelaria y condiciones de hacinamiento inhumano, tal y como fue confirmado por el Relator de la ONU sobre Tortura;

Se manifiesta que en Abril de 2018 el Relator de la ONU sobre Tortura denunció que se debe actuar ya contra el maltrato, la tortura y el abuso de armas en las cárceles de la Argentina, afirmando que estas prácticas arbitrarias de detención inhumana son parte de la arquitectura opresiva de la dictadura militar del pasado pero que aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad, lo cual se suma a condiciones de detención en total hacinamiento, sin higiene, sin agua y sin atención sanitaria, muchas veces obligando a los detenidos a convivir con ratas y a tomar el agua de los inodoros que son utilizados para orinar y defecar;

Se manifiesta que Melzer, el Relator de la ONU sobre Tortura, confirmó que en caso de persistir este tipo de prácticas violentas, impunes y generalizadas de las fuerzas de seguridad y carcelarias, entonces Argentina sería Responsable de una violación generalizada y persistente de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, lo cual revalida absolutamente la Sentencia del Tribunal Budista de Derechos Humanos contra el gobierno argentino por cometer crímenes contra la humanidad;

Se manifiesta que el Relator de la ONU sobre Tortura incluso recopiló testimonios que demuestran que el servicio carcelario argentino utiliza técnicas de tortura de la CIA, como las técnicas del submarino mojado (sumergir la cabeza de la persona en agua) y el submarino seco (introducir la cabeza en una bolsa de plástico);

Se manifiesta que el Relator de la ONU sobre Tortura también constató que las personas de barrios marginales y comunidades indígenas suelen sufrir enormes excesos por parte de la policía argentina, deteniéndolos cuando realizan protestas civiles, y obligándolos a confesar delitos o denunciar a otras personas;

Se exige la investigación profunda de las torturas realizadas por la policía y el personal carcelario de la Argentina;

Se exige la inmediata adopción de medidas que traigan justicia a los miles de personas que han sido torturadas por parte de las fuerzas de seguridad de Argentina.

Se exige la urgente implementación de asistencia humanitaria para toda la población carcelaria de Argentina, poniendo fin al régimen de violaciones a los derechos humanos.

Se exige a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigue y juzgue los crímenes contra la humanidad cometidos por el gobierno argentino del Presidente Macri, pues de lo contrario la CIDH estaría cometiendo un acto de Complicidad con crímenes de lesa humanidad.

Se responsabiliza a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ignorar el patrón sistemático y generalizado de maltrato, detenciones ilegales y torturas realizadas por las fuerzas de seguridad argentinas, todo lo cual confirma que la inacción de la CIDH es una Violación al Derecho Internacional.

En el día 20 de Septiembre de 2018 se expresa el presente Manifiesto sobre Torturas Carcelarias como forma de contribución a un mundo más pacífico, justo, culto y sano.

Siempre con maitri (reconciliación),

Maestro Maitreya Samyaksambuddha

Presidente y Juez del Tribunal Budista de Derechos Humanos

 

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