INFORME SOBRE EL GENERAL GENOCIDA Min Aung Hlaing

Caso 02-2015: Gobierno de Myanmar, Presidentes Thein Sein – Aung San Suu Kyi & Min Aung Hlaing

INFORME SOBRE EL GENERAL GENOCIDA Min Aung Hlaing

En el día 28 de agosto de 2018 el Tribunal Budista de Derechos Humanos informa sobre la situación de genocidio que sucede en Myanmar a causa del liderazgo criminal de Aung San Suu Kyi & Min Aung Hlaing. Después de analizar las evidencias provenientes del reporte titulado “We will destroy everything”, se confirma que Amnesty International concuerda con el Tribunal Budista en que el General Min Aung Hlaing y otros altos mandos militares de Myanmar deberían ser juzgados por crímenes contra la humanidad por haber deportado, torturado, violado, incendiado y asesinado a miles de miembros del Pueblo Rohingya durante una campaña de limpieza étnica, lo cual constituye una “Ofensa Suprema contra la Moralidad Internacional y la Santidad de la vida”. De hecho, tras encontrar que el gobierno de Myanmar cometió nueve tipos distintivos de crímenes contra la humanidad, Amnesty International requiere que el Consejo de Seguridad de la ONU lleve el Caso Myanmar ante la Corte Penal Internacional (ICC).

El Tribunal Budista de Derechos Humanos históricamente ha considerado que estos crímenes internacionales y violaciones a los derechos humanos no serían actos aislados, lo cual es compartido por Amnesty International al afirmar que la evidencia demuestra que estas masacres se tratan de un plan orquestado de ataque sistemático y generalizado contra el Pueblo Rohingya, especialmente realizando miles de torturas, violencia sexual y ejecuciones extraoficiales, todo lo cual constituyen “Altos crímenes contra la mujer y la niñez”.

El Tribunal Budista de Derechos Humanos confirma que Amnesty International tiene evidencias de que el General Min Aung Hlaing no sólo ha liderado y supervisado esta campaña de exterminio, sino que también no ha prevenido, detenido ni castigado a aquellos que han cometido los crímenes, por lo que se llama a la justicia internacional a poner fin a la dictadura de terror e impunidad que están liderando Aung San Suu Kyi & Min Aung Hlaing con el apoyo cómplice y escandaloso del Vaticano y el State Sangha Maha Nayaka Committee.

El Tribunal Budista de Derechos Humanos revalida a la valiente misión de expertos de la ONU, cuyo reporte coincide con el Tribunal Budista en que las fuerzas de seguridad de Myanmar han realizado contra el Pueblo Rohingya crímenes internacionales como persecución, apartheid, tortura, violación y asesinato, concluyéndose que esto constituiría crímenes contra la humanidad, además de afirmarse que se deberían realizar órdenes de arresto contra el General Min Aung Hlaing y otros altos militares de Myanmar por perpetrar crímenes de genocidio. Como parte de esta campaña de limpieza étnica contra el Pueblo Rohingya, el gobierno de Myanmar ha realizado de forma sistemática y generalizada abusos sexuales e incineraciones de mujeres, niñas y bebés, constituyendo uno de los episodios más atroces en la historia de la humanidad.

El Tribunal Budista de Derechos Humanos percibe que el gobierno de Myanmar no sólo ha desplazado forzosamente a más de 1 millón de miembros del Pueblo Rohingya que han huido hacia Bangladesh, sino que también ha atacado a otras minorías étnicas, desplazando a más de 150 mil personas de la minoría Kachin y a 300 mil personas del Pueblo Shan, siguiendo el mismo patrón de expulsión violenta que hicieron con el Pueblo Rohingya: tortura, violación y asesinato, causando que muchos miembros del Pueblo Shan vivan en campos de refugiados durante décadas. Por ello, la misión de expertos de la ONU concluyó que dichos delitos constituyen “crímenes de guerra” realizados en el contexto de violentos conflictos étnicos de Myanmar.

El Tribunal Budista de Derechos Humanos manifiesta que el reporte de la misión de expertos de la ONU es tan importante que propone que la Corte Penal Internacional (ICC) juzgue a Myanmar, pero incluso establece la posibilidad no sólo de que se juzgue a Myanmar en otros Estados por medio de la jurisdicción universal, sino también la posibilidad de crear un Tribunal especial de la ONU similar al que se creó para juzgar a Yugoslavia durante fines del siglo XX. La misión de expertos no sólo responsabiliza a los militares liderados por el General Min Aung Hlaing, sino que incluso coincide con el Tribunal Budista en afirmar que las autoridades civiles lideradas por Aung San Suu Kyi contribuyeron en la realización de estos crímenes atroces por medio de actos y omisiones.

El Tribunal Budista de Derechos Humanos afirma que la organización Human Rights Watch documentó que Myanmar ha realizado detenciones arbitrarias, torturas y juicios ilegales contra refugiados Rohingya que volvieron al país desde su exilio en Bangladesh, demostrándose que la dictadura cívico-militar de Myanmar quebró su promesa internacional de que los refugiados que retornen estarían a salvo y protegidos.

El Tribunal Budista de Derechos Humanos solicita a los fiscales y jueces de la Corte Penal Internacional (ICC) que consideren aprobar una antigua idea del Tribunal Budista que consiste no sólo en referir el Caso Myanmar a un país con jurisdicción universal, sino también la posibilidad de que la ICC juzgue a los altos mandos de Myanmar por cometer genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el Pueblo Rohingya  que huyó a Bangladesh, lo cual podría ser abordado a través de una interpretación amplia del Estatuto de Roma que ha sido firmado por Bangladesh. Esta interpretación jurídica amplia realizada por el Tribunal Budista permite que la Corte Penal Internacional (ICC) juzgue crímenes cometidos por países no-firmantes que ocurran en el territorio de países firmantes del Estatuto de Roma. Esta ampliación de la concepción de jurisdicción territorial para incluir a los ciudadanos sería similar al mismo criterio de inmunidad soberana que se traslada sobre funcionarios gubernamentales. La ampliación de la jurisdicción territorial de la ICC para incluir también a las víctimas –y no sólo a territorios y embarcaciones- de países firmantes del tratado permitiría juzgar a Myanmar, pues los refugiados Rohingya podrían ser considerados como nuevos ciudadanos de Bangladesh. Por otra parte, la ICC también podría ampliar la jurisdicción personal de la Corte, no sólo considerando que los acusados deben ser ciudadanos de países firmantes del Estatuto de Roma, sino que también pueden serlo las mismas víctimas.

El Tribunal Budista de Derechos Humanos es un órgano autónomo que responde tanto al sistema legal de la Nación Budista como también tiene el mandato de respetar las libertades fundamentales y los derechos naturales de todos los seres sintientes del planeta, actuando como órgano de supervisión ética en el mundo.

Siempre con espíritu de Reconciliación (Maitri),

S.E. Maestro Maitreya Samyaksambuddha

Presidente y Juez del Tribunal Budista de Derechos Humanos

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