Resolución sobre la Corte Penal Internacional (ICC)

Caso 24-2017: Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela & Presidente Maduro

Resolución sobre la Corte Penal Internacional (ICC)

 

10 de Febrero de 2018

El Comité Internacional de Ética Budista y Tribunal Budista de Derechos Humanos,

Recordando los principios del Derecho Budista y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la ONU y la Convención Budista de Derechos Humanos adoptada por la United Buddhist Nations Organization;

Considerando que en el 12 de Abril de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela fue sentenciado por los delitos de Violación al Estado Constitucional Democrático de Derecho y Violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos;

Reafirmando el Dictamen legal del 4 de Mayo de 2017 contra el Presidente Maduro de Venezuela por los cargos de Golpe de Estado y Crímenes de lesa humanidad;

Consciente de que en Septiembre de 2017 el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, coincidió con el Tribunal Budista de Derechos Humanos y pidió públicamente iniciar un caso legal internacional sobre Venezuela por crímenes contra la humanidad ocurridos en el contexto de abusos de las fuerzas policiales contra manifestantes políticos civiles, que incluyen delitos como detenciones arbitrarias, fuerza excesiva y torturas;

Deplorando el hecho de que Venezuela sea uno de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pues su presencia es una afronta contra los principios por los cuales fue creada la ONU, por lo que se debería expulsar a Venezuela como miembro, tal y como han señalado el exembajador venezolano Diego Arria y también Hillel Neuer director de UN Watch;

Tomando en consideración que el exembajador venezolano Diego Arria también ha manifestado que la Corte Penal Internacional (ICC) debería juzgar a Venezuela por crímenes contra la humanidad, además de considerar los asesinatos de civiles como actos perversos, crueles y criminales que se enmarcan en un plan generalizado y sistemático de fuerza excesiva contra manifestaciones políticas, que incluye la detención arbitraria de opositores, el trato inhumano y la tortura;

Examinando que las miles de detenciones arbitrarias, muchos de ellos de niños, y los cientos de asesinatos extrajudiciales, dentro de un uso generalizado y sistemático de la violencia excesiva que incluye también un plan táctico y estratégico de homicidios, encarcelamientos, torturas y abusos sexuales, según el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) conforman crímenes de lesa humanidad;

Preocupado enormemente por el hecho de que en la justicia norteamericana existen evidencias de que el gobierno venezolano del Presidente Maduro, junto con los altos funcionarios Tarek El Aissami, Maikel Moreno, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y Néstor Reverol, estarían conformando una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico;

Repudiando el hecho de que el Papa Francisco I haya confirmado que él siempre ha hablado fuerte y claramente, y que el Vaticano ha realizado mucho por el gobierno venezolano;

Notando que el Presidente Maduro ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional (ICC) por la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, acusándolo por crímenes contra la humanidad por llevar un plan de limpieza social entre los años 2015 a 2017, que incluyó crímenes de ejecuciones extraoficiales, torturas y encarcelaciones, siendo un ataque sistemático y generalizado contra la población civil;

Denunciando ante la justicia internacional que la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó ante la ICC más de 1000 elementos probatorios sobre la acusación de crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano del Presidente Maduro, existiendo pruebas de reconocimientos médicos, psiquiátricos y técnicos, además de entrevistas a víctimas, donde se comprueban más de 8 mil muertos y 17 mil detenciones arbitrarias;

Repudiando la inacción de la Corte Penal Internacional (ICC) durante los últimos 4 años, pues la  denuncia de crímenes de lesa humanidad realizada por la exfiscal Ortega contra el Presidente Maduro es la cuarta denuncia presentada ante este organismo, especialmente teniendo en cuenta la denuncia del año 2014 presentada por doscientos legisladores de ocho países de Latinoamérica que exigieron a la ICC investigar al Presidente Maduro por crímenes de lesa humanidad contra manifestantes pacíficos y desarmados;

Estableciéndose solemnemente que es una buena noticia que en 2018 la fiscal Fatou Bensouda de la ICC haya decidido abrir un examen preliminar sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, especialmente porque es un primer paso para cumplir con la exigencia dictaminada por el Tribunal Budista de Derechos Humanos en mayo de 2017, cuando se manifestó: “Se exige que Fatou Bensouda, la Fiscal de la Corte Penal Internacional (ICC), comience a trabajar adecuadamente en el caso de Venezuela y que prontamente lleve al Presidente Maduro ante la justicia internacional por “Crímenes contra la humanidad”, dejándose constancia que la indiferencia o el retardo injustificado para dar justicia ante estos crímenes constituye un acto de complicidad omisiva”;

  1. Expresa que no es suficiente simplemente abrir un examen preliminar sobre abusos en Venezuela, pues esto ya fue previamente realizado por la misma ONU, por cientos de legisladores latinoamericanos y por juristas venezolanos, quienes ya han estudiado, analizado y presentado las evidencias pertinentes.
  2. Declara que cuando existen la salud e integridad de millones de vidas de por medio no se debe realizar investigaciones preliminares que duran varios años, sino que deben realizarse investigaciones plenas y rápidas para proceder a un juicio justo y adecuado, respetando el derecho humano a la justicia y a la Verdad de las miles de víctimas, además de intentar prevenir que crezcan los conflictos y el número de muertos.
  3. Deplora como ilegal al régimen cívico-militar del Presidente Maduro, al cual se lo considera como una organización criminal transnacional.
  4. Confirma que es adecuada la decisión del Parlamento Europeo de incluir al Presidente Maduro de Venezuela en las sanciones que impone la Unión Europea.
  5. Felicita al gobierno de Canadá por imponer sanciones contra el Presidente Maduro de Venezuela, y otros 18 altos funcionarios, por sus actos de corrupción y graves violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
  6. Corrige la Sentencia original contra el régimen venezolano, al cual se incluye el cargo de CRIMENES CONTRA LA PAZ, debido a las persistentes violaciones a los derechos humanos que continúan incluso luego de las múltiples denuncias por crímenes de lesa humanidad contra Venezuela.
  7. Implora a la Corte Penal Internacional (ICC) que deje de obsesionarse con sólo juzgar a países africanos, y que comience a juzgar a Estados de todo el mundo, especialmente a los ricos y poderosos que gozan de impunidad.

Siempre con espíritu reconciliador (maitri),

S.E. Maestro Maitreya Samyaksambuddha

Juez y Presidente del Tribunal Budista de Derechos Humanos

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