Proclamación sobre Violencia Institucional

Caso n° 27/2017: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

 

Proclamación sobre Violencia Institucional

05 de Febrero de 2018

El Comité Internacional de Ética Budista y Tribunal Budista de Derechos Humanos,

Considerando que en Diciembre de 2017 el gobierno argentino reprimió violentamente a manifestantes políticos que protestaban en contra de una baja en el sueldo de los jubilados, siendo una baja que sería Inconstitucional según importantes constitucionalistas argentinos;

Recordando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó públicamente su preocupación por la violencia inadecuada y desproporcionada de las fuerzas de seguridad argentinas lideradas por el gobierno del Presidente Macri, afirmando que la criminalización de la protesta social es incompatible con la sociedad democrática donde se tiene el derecho a manifestar las opiniones pacíficamente, por lo que se debería investigar y sancionar de forma pronta y exhaustiva la conducta policial durante esas manifestaciones;

Consciente de que el gobierno argentino del Presidente Macri ha criminalizado la protesta social por medio de la represión directa contra manifestantes o por medio de la detención arbitraria de manifestantes y transeúntes, desconociendo que incluso si algunas personas ejercen la violencia en una manifestación esto no necesariamente convierte en violenta a toda la protesta ni tampoco legitima a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante la violencia o detenciones masivas;

Preocupado enormemente por el hecho de que el 14 de diciembre de 2017 cientos de manifestantes y transeúntes fueron reprimidos violentamente con gases tóxicos y con disparos de balas por parte de las fuerzas de seguridad argentinas, hiriendo a civiles, legisladores opositores y periodistas, todo lo cual demuestra el uso de la violencia desproporcionada por parte del gobierno argentino en lugar de favorecer el derecho a la libertad de expresión y diálogo democrático;

Deplorando el comportamiento criminal y violento de las fuerzas de seguridad argentinas, las cuales no sólo se dedican a confrontar con los manifestantes en lugar de dedicarse a proteger la vida y la paz, sino que además han atacado sistemáticamente a periodistas que cubrían las manifestaciones, agrediéndolos con palos y gases lacrimógenos con un saldo de 36 periodistas heridos, deteniéndolos arbitrariamente e incluso disparando balas a 18 periodistas por filmar o fotografiar los abusos, además de realizar destrucción de aparatos de medios de comunicación televisivos, siendo el peor ataque violento contra periodistas en los últimos 35 años de gobiernos democráticos en Argentina;

Expresando rechazo absoluto a la manifestación del Presidente Macri en la cual perversamente felicitó a sus funcionarios por mostrar mística gandhiana y racionalidad al momento de realizar la represión, lo cual demuestra el total desprecio por la paz por parte del gobierno argentino además de deshonrar la memoria de los grandes pacifistas de la historia de la humanidad;

Analizando que los diputados Horacio Pietragalla y Mayra Mendoza fueron atacados impunemente por las fuerzas de seguridad argentinas, recibiendo gas pimienta en la cara a pesar de que no estaban realizando ningún tipo de acto violento, lo cual fue un accionar policial calificado por el gobierno argentino como perfecto, ignorando que este hecho podría ser considerado como una violación contra los derechos de la mujer, e incluso una violación contra el derecho a la inmunidad parlamentaria;

Examinando que el hecho de que Mayra Mendoza pertenezca a una orientación política criticada por el Tribunal Budista de Derechos Humanos no implica que no se le ofrezca solidaridad absoluta ante el terrible ataque que ha sufrido como mujer y parlamentaria que protestaba pacíficamente;

Teniendo en cuenta que el diputado Leonardo Grosso denunció haber sido agredido por palos de la policía, y que la diputada Victoria Donda también denunció haber sido golpeada por patadas de las fuerzas policiales argentinas dirigidas por el Presidente Macri, debiendo ser atendida por médicos al igual que los otros diputados agredidos, lo cual demuestra una violencia institucional evidente, especialmente debido a que el gobierno se burló públicamente de los diputados lesionados;

Tomando en consideración que el femicidio y la violencia de género se han convertido en una plaga dentro de la sociedad argentina, existiendo alrededor de 1 femicidio por día, siendo una cantidad alarmante según la ONU y su Comité contra la tortura, todo lo cual es alimentado por la violencia institucional promulgada por el gobierno argentino del Presidente Macri que cada día respeta menos el derecho a la vida y el derecho a las libertades fundamentales de las personas, tal y como se ha percibido en la violencia de género realizada impunemente contra mujeres diputadas indefensas;

Afirmando que se coincide con el Comité de la ONU contra la tortura acerca del hecho de que la violencia contra la mujer, especialmente en el contexto de detenciones policiales, está enmarcada dentro de la categoría de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, por lo que según el Tribunal Budista de Derechos Humanos un gobierno que propicie sistemáticamente este trato hacia la mujer estaría cometiendo crímenes contra la humanidad;

Mostrando consternación por el hecho de que las mujeres, los jubilados y los pueblos originarios de Argentina suelen recibir violaciones a sus derechos y libertades fundamentales por parte del gobierno, el cual suele ignorar o tratar como inexistente a todo aquello que no es transmitido por los medios de comunicación y las redes sociales, creando un difícil contexto de respeto para las minorías, incluido los Pueblos Budistas y Comunidades Espirituales, quienes han sufrido atentados violentos con total impunidad;

Reafirmando que la cacería y homicidio del mapuche Rafael Nahuel por la espalda, junto con la posterior defensa de esta ejecución extrajudicial por parte del gobierno del Presidente Macri, constituye la confirmación de que el Estado Argentino ha entrado en una nueva era de violencia institucional liderada desde las más altas esferas, tal y como sucedió con el homicidio del fiscal Nisman durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, creyendo erróneamente que si un gobierno es legitimado en las urnas tiene el derecho a realizar cualquier cosa que desee;

Declarándose que el gobierno de Argentina va a continuar realizando y avalando episodios de violencia institucional, salvo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decida intervenir para frenar este plan sistemático y generalizado de impunidad y violación a la justicia;

Confirmándose que según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) la Argentina se encuentra padeciendo el punto de represión violenta más alto en los últimos 35 años de historia democrática, llegando al punto de existir más de 1 muerto por cada día de gobierno del Presidente Macri producto de ejecuciones extrajudiciales o torturas que suceden debido a que no hay frenos desde las instituciones del gobierno argentino sino todo lo contrario;

Impugnándose que el gendarme Emmanuel Echazú, partícipe en la muerte de Santiago Maldonado miembro de la comunidad tribal Mapuche, haya sido ascendido por el gobierno del Presidente Macri;

Denunciándose que el Presidente Macri haya recibido y felicitado como un héroe y orgullo nacional a un policía por haber disparado por la espalda a un supuesto delincuente que corría desarmado, no sólo validando un crimen y ejecución extraoficial sino también vulnerando la independencia del Poder Judicial al brindar total apoyo y solicitar que el juez deje de investigar y procesar al policía homicida;

Criticándose al gobierno argentino por estar compuesto por algunos funcionarios que reivindican públicamente a la dictadura militar genocida que hace 35 años produjo un mínimo de 8 mil desapariciones forzosas en Argentina, además de desarrollar un plan sistemática de torturas y ejecuciones ilegales que han sido condenados como crímenes contra la humanidad y genocidio;

  • Se manifiesta que desde el punto de vista del constitucionalismo el derecho humano a la protesta es totalmente legítimo y válido, incluso necesario y crucial para el funcionamiento de la democracia, especialmente en un marco de pobreza y desempleo, o cuando el gobierno instaura un sistema a favor de los más ricos que ignora el bienestar de la población general;
  • Se afirma concordancia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en requerir al Estado Argentino que garantice la libertad de los periodistas al momento de cumplir su trabajo informativo en el marco de manifestaciones políticas, no debiendo ser detenidos, amenazados, agredidos ni limitados en el ejercicio de su profesión, pues de lo contrario se estaría perpetuando un plan sistemático de violaciones al derecho humano a la libertad de expresión;
  • Se invoca el informe detallado presentado ante el Juez Torres por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), donde se detallan numerosos casos de abusos policiales, como agresiones y detenciones arbitrarias;
  • Se confirma que la detención arbitraria de periodistas en plena actividad de filmación y fotografía de manifestaciones políticas ya había ocurrido previamente durante la marcha a favor de la aparición con vida de Santiago Maldonado, lo cual demuestra la naturaleza sistemática de las medidas ilegales del gobierno argentino;
  • Se condena al Presidente Macri como partícipe necesario del plan sistemático de violencia institucional y abusos a los derechos humanos en Argentina, especialmente por las detenciones arbitrarias, ejecuciones extraoficiales, y también por el apartheid contra los Pueblos Originarios y Aborígenes, a quienes se los discrimina sistemáticamente y se les niega de forma generalizada el acceso a sus territorios, al alimento y a la salud, persiguiéndolos con falsos procesos penales y tratándolos como la última categoría de la sociedad civil, como afirma el cacique Félix Díaz;
  • Se establece que el Presidente Macri incumplió compromisos firmados con los Pueblos Originarios y Aborígenes, además de que continuó incumpliendo normas constitucionales y tratados internacionales firmados por Argentina que obligan al país a respetar los derechos de los pueblos tribales y comunidades indígenas, como el Convenio 169 de la OIT;
  • Se recuerda que el Presidente Macri ha expresado públicamente en varias ocasiones, como en el Foro Mundial de Davos 2018, que en Sudamérica todas las personas son descendientes de europeos, lo cual constituye la negación explícita de la existencia de comunidades indígenas y pueblos originarios de Argentina y el resto de Latinoamérica;
  • Se asevera que la violencia institucional, las torturas, las detenciones arbitraras y las ejecuciones extraoficiales continuarán existiendo con impunidad en Argentina, incluso contra los Pueblos Budistas y Comunidades Espirituales, a menos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decida intervenir urgentemente para proteger la sacralidad de la vida humana, no manteniendo silencio cómplice ante las violaciones a los derechos humanos.

Realizado dos mil seiscientos años después de la fundación e independencia de la Gran Nación Budista.

Presidente y Juez: S.E. Maestro Maitreya Samyaksambuddha

 

 

 

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