Evidencias del Caso Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CASO 27-2017: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

 

Presentado por la Fiscal Maestra Yan Maitri-Shi

 

HONORABLE JURADO DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE ETICA BUDISTA (CIEB) y TRIBUNAL BUDISTA DE DERECHOS HUMANOS (TBDH)

Tras la Legitimación y Validación de las Pruebas, Evidencias y Cargos por parte del Maestro Maitreya, Presidente y Juez Espiritual del CIEB-TBDH, se aborda el caso frente al acusadoComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta investigación fue iniciada por el Comité Internacional de Ética Budista a partir del Caso Argentina.

A continuación se enumeran los Cargos por los cuales el Comité Internacional de Ética Budista enjuicia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):

  • Violación a los Derechos de los Pueblos Budistas y Comunidades Espirituales

Por lo tanto, se detallan una serie de EVIDENCIAS que fundamentan los Cargos aludidos para que los miembros del Jurado decidan acerca de la posible “Responsabilidad”, “Inocencia” o “Insania” del acusado. Dichas evidencias han sido reunidas, ordenadas y confirmadas en su orden y contexto como Medios Probatorios para efecto de conocer, establecer, dictaminar y determinar la Responsabilidad del Acusado por la comisión de los Cargos anteriormente mencionados.

El Procedimiento establecido en los Estatutos del COMITÉ INTERNACIONAL DE ETICA BUDISTA & TRIBUNAL BUDISTA DE DERECHOS HUMANOS da la ostentación a ambos Órganos de gozar de independencia y libertad de la regulación y control estatal y nacional, además de poseer la legalidad y actuación como Pueblo Budista para hacer valer sus costumbres, tradiciones, prácticas, procedimientos, juicios y derechos, así como el actuar en pos del desarrollo de la Espiritualidad y la Ética Budista, así como de la defensa de los Derechos Humanos Internacionales. Este procedimiento tiene la particularidad, singularidad y distinción de tener: “Jurisdicción Especial del Derecho Tribal” y ”Jurisdicción Universal del Derecho Internacional”, teniendo así el Carácter, la validez Jurídica, las Facultades Legales, la infraestructura, la Capacidad y Formación necesaria para ser Actor, Administrador y Ejecutor de Justicia en este rubro y ejercicio, juzgando al Acusado por medio de un Juicio Ético que tiene como Propósito la Verdad, la Reconciliación y el Aprendizaje.-

 

DETALLE DEL CASO

INTERNATIONAL BUDDHIST ETHICS COMMITTEE: En el año 2013 la World Association of Buddhism fue amenazada de muerte. Como el sistema de justicia de Argentina no hizo nada al respecto, el agresor asaltó a los directivos del Templo Budista con una escopeta. Luego atacó violentamente a golpes al Presidente con el fin de asesinarlo, a pesar de que no se había realizado ningún tipo de respuesta verbal y física hacia el agresor. Ante este grave episodio que constituye un intento de homicidio, la policía y la fiscalía argentinas no hicieron absolutamente nada, alegando que se trataba de un “conflicto vecinal”, por lo que nunca detuvieron al agresor, ni tampoco realizaron una orden de allanamiento para secuestrar sus armas. La Fiscalía consideró al caso como algo “menor” que no debía ser solucionado por la justicia penal. En el Colegio de Abogados le dijeron a los directivos de la World Association of Buddhism que este caso era irresoluble por ser un “conflicto vecinal”, y que la Justicia no iba a actuar, por lo que recomendaron mudarse o realizar una falsa denuncia de acoso sexual en contra del agresor. Ante todas estas profundas irregularidades por parte de la Justicia, la World Association of Buddhism acudió a la Defensoría del Pueblo, quienes defendieron el accionar de la Fiscalía. Como los episodios de violencia quedaron impunes, en el 2014 la familia del agresor volvió a realizar atentados violentos contra la World Association of Buddhism. La Fiscalía no sólo no actuó frente a estos hechos sino que incluso faltó el respeto a los directivos del Templo Budista, afirmando que el caso no era importante. También negó el Derecho a la Representación Legal, lo cual viola uno de los pilares de la constitución argentina y su procedimiento jurídico. Por tal motivo, en el año 2015 el International Buddhist Ethics Committee realizó una denuncia penal contra la Fiscal por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, lo cual ni siquiera fue contestado por la justicia argentina ni tampoco por el gobierno, en un claro acto de impunidad y discriminación. Las amenazas de muerte, el asalto con un arma de fuego, los golpes físicos brutales, el intento de linchamiento, los insultos, entre otros, todo esto ha causado un daño emocional hacia el Templo Budista, por lo que se recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que actúe y solucione este marco de impunidad, dado que tiene el deber de supervisar violaciones a los derechos humanos en Argentina. Sin embargo, la CIDH nunca actuó ni consideró al caso con la seriedad que se merecía, volviendo a producir la revictimización al ser cómplices del Estado Argentino.

En el año 2016, la World Association of Buddhism realizó su segunda denuncia contra Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A diferencia de la primera denuncia por violación al derecho humano a la justicia, en la segunda denuncia se alegó discriminación religiosa. En esta oportunidad, dadas las condiciones de pobreza y marginación en las que reside el Templo Budista, se ha reclamado al Estado Argentino que brinde los mismos derechos y beneficios que goza la Iglesia Católica en Argentina, donde alrededor de 20 mil sacerdotes y monjas cobran enormes sueldos del Estado, además de que dicha Iglesia recibe subsidios millonarios, donaciones estatales, entrega de inmuebles, e incluso protección judicial. Todo este marco de beneficios gigantes que recibe la Iglesia Católica conforma una discriminación religiosa con respecto a otras comunidades espirituales del país, las cuales son completamente ignoradas y no reciben beneficios políticos, económicos, culturales y medioambientales. Por tal razón, a través de cartas, resoluciones y dictámenes comunales budistas, se ha reclamado esta situación ante la Gobernadora de Buenos Aires, a la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina y también al Presidente de la Argentina, los cuales han ignorado sistemáticamente tales reclamos de Igualdad, violando así la Constitución Nacional del país y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. En primer lugar, los artículos 16 y 75 de la Constitución Nacional de Argentina establecen el derecho a la igualdad, especialmente al otorgar jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos que consagran el principio de igualdad y no-discriminación: el artículo 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 2, 3 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 1 de la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; los artículos 2 y 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En segundo lugar, la ley argentina Nº 23.592 de penalización de actos discriminatorios afirma: “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”. En tercer lugar, resulta de especial aplicación en este caso el artículo 12 del “Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales” del año 1989, el cual prescribe: “Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos”.  Con respecto a la discriminación económica y social que recibe el Templo, se ha recurrido a instituciones como la INADI que luchan contra la discriminación, las cuales retardan injustificadamente su accionar. Además, existen dos leyes internas como la 21.745 y la 21.950, las cuales son profundamente discriminatorias a favor del catolicismo, dado que fueron promovidas durante la época de la Dictadura militar argentina, momento en el que la Iglesia Católica colaboró y respaldó al régimen. Se ha requerido a la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto, y también al Presidente de Argentina, que se anulen los beneficios discriminatorios que recibe la Iglesia Católica, o que en su defecto se extiendan y amplíen dichos beneficios al resto de las comunidades espirituales del país, alegando que el actual orden es discriminatorio e ilegal. Hubo silencio e indiferencia por parte del Estado. Se solicitado que se detenga inmediatamente este sistema discriminatorio en el que la Iglesia Católica recibe fondos millonarios, mientras que otras comunidades espirituales están expuestas a pobreza, marginación y exclusión. Dado el estado de pobreza y marginación en el que se encuentra el Templo Budista World Association of Buddhism, se solicitó que la CIDH presente una medida cautelar urgente para que se proteja el acceso a la Igualdad de la organización, eliminando la situación discriminatoria que es innegable e inconstitucional. Sin embargo, en el 2017 la CIDH rechazó tal solicitud.

 

Evidencias

Evidencia 1: Impunidad

INTERNATIONAL BUDDHIST ETHICS COMMITTEE & BUDDHIST TRIBUNAL ON HUMAN RIGHTS: “(2016). Estimados Sres. de la CIDH, En referencia a su solicitud “MC-284-15” firmada por la Sra. Elizabeth Abi-Mershed, me comunico con ustedes como máxima autoridad del International Buddhist Ethics Committee & Buddhist Tribunal on Human Rights con el fin de responder adecuadamente a su mensaje oficial, el cual ha tardado 1 año en llegar. En este sentido, a continuación desplegamos una serie de puntos que reclamamos que sean respondidos a la brevedad: 1. Expresamos nuestra disconformidad con el funcionamiento de la CIDH en nuestro caso, pues la misma ha contribuido a la impunidad que hemos recibido por parte del Poder Judicial de la Argentina. Nos preguntamos cómo es posible que la máxima autoridad americana en materia de Derechos Humanos tarde 1 año en simplemente responder una petición. 2. También nos preguntamos cómo hubiera respondido la CIDH si la petición hubiese sido formulada en nombre de un Obispo o Cardenal de la poderosa Iglesia Católica. 3. Aclaramos que en los últimos meses hemos enviado numerosas cartas a todos los principales organismos de la Argentina (presidencia, gobernación, secretaria de derechos humanos, etc.) y que todos han ignorado nuestros reclamos acerca de la impunidad que hemos recibido por parte de instituciones judiciales ante una serie de atentados contra nuestras vidas. De hecho, funcionarios de la gobernación de Buenos Aires se han comunicado telefónicamente con nosotros para increparnos y burlarse ante nuestros pedidos de lucha contra la impunidad. Esta situación de menosprecio es producto de nuestra condición económica de humildad, la cual nos hace vivir un estilo de existencia desapegada de la fama, la riqueza y el poder. 4. Señalamos que en las recientes cartas formales a dichos funcionarios argentinos hemos denunciado actos de discriminación religiosa que comete el Estado Argentino, el cual no sólo brinda sueldos y subvenciones a funcionarios de la iglesia católica, sino que además ofrece un sistema de regularización dominial de sus propiedades, no ofreciendo dichos beneficios a templos de otras religiones. Ante esta denuncia importante sólo hemos recibido indiferencia de las autoridades. 5. Adjunto les enviamos las denuncias formales que hemos presentado hace 1 año contra los fiscales de nuestro caso. Estas denuncias han sido completamente ignoradas por el sistema judicial, violándose nuestras garantías procesales más básicas y esenciales en el acceso a la Justicia, lo cual es una desprotección escandalosa que garantiza la impunidad a los agresores que han cometido los atentados contra nuestra integridad física, dañando enormemente el estilo de vida espiritual que desarrollamos como comuna budista. 6. Solicitamos urgentemente que la CIDH comience a funcionar recta y adecuadamente a la brevedad, pues hemos percibido un mal funcionamiento de esta institución tan prestigiosa, la cual no ha mostrado la implementación y defensa de recursos judiciales simples y rápidos para luchar contra la injusticia en América. Es fundamental que la CIDH funcione como en sus mejores épocas, como cuando defendió los derechos del pueblo Saramaka haciendo historia en el campo del Derecho Internacional. De este modo, exigimos que se reconozca y proteja el Derecho Humano a la Paz y el Derecho Humano a la Justicia que posee nuestro pueblo búdico. 7. Aprovechamos la oportunidad para manifestar que hemos notado que uno de los miembros de la CIDH es un famoso jurista argentino que ha sido responsable del manejo de prostíbulos en Buenos Aires, y que en uno de sus fallos en Argentina justificó los actos de un violador diciendo que había ocurrido con la “luz apagada”. Además, estamos al tanto de que dicho jurista se encuentra actualmente defendiendo legalmente al expresidente de Argentina, Cristina Fernández, quien es responsable de haber violado sistemáticamente la Ley argentina y también de haber cometido Crímenes de Lesa Humanidad, tal y como ha demostrado la investigación realizada por nuestra Corte Tribal en noviembre de 2015. Por este motivo, solicitamos que se realice una revisión o juicio ético interno por parte de la CIDH para purificarse de todo tipo de miembros que hayan cometido o defiendan violaciones contra los Derechos Humanos. 8. Nosotros estamos dispuestos a ofrecer nuestras vidas en defensa de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, y este compromiso nos ha traído padecer indiferencia y actos de censura en contra de nuestras actividades éticas y espirituales. Nos preguntamos si los miembros de la CIDH están dispuestos a hacer ese mismo sacrificio en defensa de la Libertad, Igualdad y Fraternidad.”

INTERNATIONAL BUDDHIST ETHICS COMMITTEE & BUDDHIST TRIBUNAL ON HUMAN RIGHTS: “(2016). Estimado Sr Garelli de la CIDH, Si bien agradecemos su respuesta luego de 3 meses de la presentación, le confirmamos que toda esa información ya fue oportunamente remitida a la CIDH cuando en el 2015, en un caso presentado por el TRIBUNAL BUDISTA DE DERECHOS HUMANOS, se denunció a la Argentina precisamente por la indiferencia ante los atentados violentos que hemos recibido. La CIDH mostró la misma indiferencia. Incluso luego de haber denunciado penalmente a la Fiscalía, la Argentina ni siquiera contestó a la denuncia penal. Esto fue notificado a la CIDH y tampoco hubo respuesta de su parte.  La información que está solicitando ya fue entregada en numerosas ocasiones, pero además parece estar ignorando el objeto de nuestra nueva presentación, que es por Discriminación Religiosa al brindar recursos millonarios al catolicismo y negar todo tipo de beneficios al resto de las comunidades. Si ahora, después de 3 años de los hechos, la CIDH decide actuar para que no haya impunidad por los atentados, pedimos dos cosas: 1- que la CIDH lea toda la documentación que le presentó el Tribunal Budista de Derechos Humanos en el 2015; 2- que la CIDH no ignore la discriminación religiosa a nivel económico, político y cultural que se hace a favor del catolicismo con millonarios recursos. Aclaramos que todas las instancias del Estado Argentina (ejecutivas, legislativas y judiciales, defensorías del pueblo, etc.) han ignorado nuestros reclamos, dictámenes y demás actuaciones. Estuvimos esperando que la CIDH tenga otro comportamiento.”

INTERNATIONAL BUDDHIST ETHICS COMMITTEE & BUDDHIST TRIBUNAL ON HUMAN RIGHTS: “(2017). Estimada Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Presidente Francisco José Eguiguren Praeli, En referencia a su carta del 17 de Mayo de 2017, firmada por la Secretaria Ejecutiva Adjunta Elizabeth Abi-Mershed, donde se manifiesta la negativa de la CIDH a otorgar una medida cautelar a favor de la World Association of Buddhism, nos comunicamos con ustedes a fin de solicitar una respuesta formal dentro del plazo de 5 días acerca de las siguientes cuestiones, ya que nuestra comunidad está evaluando medidas a realizar contra la posición de la CIDH. En caso de no contestar, esto será considerado como una respuesta oficial de indiferencia. El INTERNATIONAL BUDDHIST ETHICS COMMITTEE & BUDDHIST TRIBUNAL ON HUMAN RIGHTS está interesado en conocer cuáles medidas va a realizar la CIDH en referencia a las peticiones presentadas por nuestra Comunidad Budista: MC 284-15 y MC 487-16. Esto se debe a que en un plazo de 2 años la CIDH no ha realizado absolutamente nada y ha mantenido un status quo de impunidad sobre las violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos que padece nuestra comunidad internacional en Argentina. Recordamos que el caso MC 284-15 fue presentado acerca de graves atentados violentos que quedaron impunes gracias a la justicia argentina, a pesar de que hubo episodios de amenazas de muerte, asalto e intento de homicidio; mientras que el caso MC 487-16 fue presentado acerca de la discriminación religiosa que disfruta la Iglesia Católica, la cual goza de aportes económicos billonarios por parte del Estado Argentino, como inmuebles, sueldos similares a los de un juez, y pasajes gratuitos, entre otros, mientras que la mayoría del resto de las comunidades religiosas y espirituales de Argentina padecen insuficiencia de recursos. Recordamos que en el caso MC 284-15 hay una clara y evidente violación al derecho humano a la paz, a la vida, a la integridad física, y al acceso a la justicia; mientras que en el caso MC 487-16 hay una clara y evidente violación al derecho humano a la igualdad y a la no discriminación religiosa.  Además, las Comunidades Budistas son Pueblos Tribales, por lo que no sólo están amparadas por los tratados internacionales de derechos humanos individuales sino también por tratados de derechos humanos colectivos como la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Esto ha sido claramente demostrado en la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Budistas, que se encuentra adjunto, la cual ha sido creada en el marco de la UNITED BUDDHIST NATIONS ORGANIZATION, que es la segunda institución Budista más importante del mundo.  Ergo, se solicita que en un plazo no mayor a 5 días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exponga un plan de protección de los derechos fundamentales de nuestra Comunidad Budista en Argentina, cuya sede es el templo internacional World Association of Buddhism. En caso de no haber respuesta esto será considerado como indiferencia e impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos que fueron denunciadas años atrás, lo cual pondría a la CIDH en infracción y falta grave ante nuestras prácticas jurídicas milenarias propias del Derecho Tribal Budista.”

 

Evidencia 2: Violación a la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Budistas y Comunidades Espirituales

DECLARACION UNIVERSAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS BUDISTAS Y LAS COMUNIDADES ESPIRITUALES: “Alentando a que los Estados respeten y cumplan plenamente sus obligaciones internacionalmente legales para con los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales, estableciendo relaciones basadas en la libertad, igualdad y fraternidad; (…) Contemplando que los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales no sólo poseen sin discriminación todos los derechos humanos individuales sino también derechos humanos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo tribal o comunal; (…) Artículo 4: Los Estados tienen el deber de asumir la responsabilidad legal de desarrollar acciones sistemáticas y coordinadas con el fin de proteger los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales, garantizando el respeto de su integridad física, psíquica y espiritual. Estas acciones gubernamentales deben incluir: medidas que aseguren a los miembros de los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales el disfrute de la igualdad de derechos y oportunidades que el resto de la población; medidas que promuevan el pleno cumplimiento de los derechos políticos, económicos, culturales y medioambientales, respetando su identidad social, sus tradiciones espirituales y sus instituciones; medidas que ayuden a los miembros de los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales a eliminar las diferencias socioeconómicas que existan con los demás miembros de la población nacional de un modo compatible con sus aspiraciones espirituales y estilos de vida. Artículo 5: Los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales tienen el derecho de disfrutar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación, coerción u obstáculo alguno, debiéndose aplicar las disposiciones de la presente Declaración Universal a sus miembros hombres y mujeres sin discriminación. Artículo 6: Los Estados tienen el deber de adoptar medidas especiales que sean necesarias para salvaguardar a los sujetos e instituciones de los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales, debiendo cuidar su seguridad, sus trabajos y bienes comunales, así como sus culturas y medioambiente. Estas medidas especiales no deben ser contrarias a las expresiones públicas de los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales, ni tampoco deben menoscabar los derechos civiles de los beneficiados. (…) Artículo 9: Los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales tienen el derecho a mantener y desarrollar sus propias instituciones políticas, económicas, culturales y jurídicas, al mismo tiempo manteniendo el derecho a participar plenamente –si lo desean- en la vida política, económica, cultural y medioambiental del resto de la sociedad.  Artículo 10: Los Estados tienen el deber de tomar en consideración las costumbres sociales, instituciones legislativas y el Derecho consuetudinario de los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales, siempre que éstas no sean incompatibles con las libertades fundamentales y los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente, debiéndose resaltar los métodos tradicionales de resolución de conflictos tanto en los casos de delitos cometidos por sus miembros como también en los casos en los que los miembros son las víctimas. Para ello, las autoridades judiciales y los tribunales estatales deben tener debidamente en cuenta el Derecho consuetudinario y las costumbres sociales de los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales. Artículo 11: Los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales tienen el derecho a procedimientos rápidos, justos y equitativos para la resolución pacífica de conflictos con los Estados y controversias con instituciones privadas y el resto de los ciudadanos, así como a una reparación plena de las lesiones que hayan sufrido sus derechos individuales y colectivos. En estos procedimientos se deberá tener debidamente en consideración tanto las leyes internacionales de derechos humanos como las costumbres tradicionales, normas éticos y sistemas jurídicos tribales de los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales. (…) Artículo 14: Los Estados tienen el deber de asegurarse que las autoridades gubernamentales a cargo de los derechos colectivos de los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales reconozcan, observen, acaten, respeten y cumplan correctamente sus funciones constitucionales y también los acuerdos y leyes de los tratados internacionales, especialmente sobre comunidades tribales y minorías étnicas, debiendo para esto consultar a la comuna espiritual acerca de medidas legislativas, planificación, coordinación, ejecución y evaluación de los programas sociales que los involucran directamente, como la salud y la vivienda. Artículo 15: Los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales tienen el derecho colectivo a vivir en libertad y paz, manteniendo su diferencia espiritual con respecto a la población general sin ser sometidos a ningún acto de violencia. (…) Artículo 18: Los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales tienen el derecho a establecer y determinar sus propios proyectos de desarrollo de sus instituciones sociales, como sus sistemas políticos, económicos, jurídicos y educativos, debiendo recibir para tales fines los recursos necesarios financieros y técnicos a través de los Estados o de los organismos internacionales, sin discriminación con respecto a sus propias prioridades y estrategias en lo que se refiere a los procesos de desarrollo social, en la medida en que éste afecta su supervivencia, estilos de vida, creencias, tierras y bienestar espiritual.  Artículo 19: Los organismos internacionales y las organizaciones intergubernamentales tienen el deber de contribuir con medios técnicos y financieros a la plena realización de los derechos de los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales, estableciendo procedimientos para asegurar la participación de las comunas en los asuntos que los involucran. Artículo 20: Los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales tienen el derecho a la libre determinación y control de su propio desarrollo político, económico, cultural y medioambiental para hacer cumplir sus derechos humanos. Cuando hayan sido desprovistos de sus medios de supervivencia y actividades de desarrollo, tienen derecho a exigir una reparación justa y equitativa. Artículo 21: Los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales, a partir de su derecho a la autodeterminación, tienen derechos colectivos a la autonomía o autogobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos, teniendo también el derecho a disponer de medios para financiar sus actividades y funciones autónomas. Artículo 22: Los Estados tienen el deber de considerar como prioritario al mejoramiento de las condiciones de vida, como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y la seguridad de los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales, realizando medidas efectivas y proyectos especiales de desarrollo social continuo en las regiones donde habitan sin incidir negativamente en su política, economía, cultura y medioambiente, y prestando Atención Plena a las condiciones de las mujeres, niños, ancianos y discapacitados de las comunas. Artículo 23: Los Estados tienen el deber de adoptar medidas especiales para garantizar el trabajo o proteger las condiciones económicas de los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales, en la medida que los miembros no están protegidos eficazmente por la legislación laboral. Artículo 24: Los Estados tienen el deber de realizar medidas tendientes a evitar cualquier tipo de discriminación contra los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales, especialmente en cuestiones de justicia social y derecho de asociación. Artículo 25: Los Estados tienen el deber de abstenerse de intentar cobrar impuestos a los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales, respetando no sólo su autonomía económica sino también la realidad de que sus ingresos son limitados y utilizados con finalidades humanitarias. (…) Artículo 45: Los Estados tienen el deber de adoptar medidas administrativas y legislativas que sean respetuosas de los sistemas jurídicos y tradiciones espirituales de los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales, con el objetivo de darles a conocer sus derechos y deberes constitucionales, especialmente sus derechos colectivos tribales en lo que atañe a la autonomía política, las posibilidades económicas, las cuestiones culturales de educación y justicia, y los derechos a la paz y a un medioambiente sano. (…) Artículo 57: Los derechos a la paz y al medioambiente sano reconocidos en la presente Declaración Universal constituyen las leyes mínimas para la supervivencia, la dignidad, el bienestar y la libertad de los Pueblos Budistas y las Comunidades Espirituales de todo el mundo.”

 

Evidencia 3: Violación al Derecho Humano a la Paz

Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz: “Considerando que la aplicación adecuada, uniforme y no selectiva del derecho internacional es indispensable para la consecución de la paz; y recordando que la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 1, identifica como propósito fundamental de la Organización el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales a través, inter alia, del desarrollo económico y social de los pueblos y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, sin ningún tipo de discriminación; (…) (3) Reconociendo la concepción positiva de la paz, que va más allá de la estricta ausencia de conflicto armado y que se vincula a la eliminación de todo tipo de violencia, ya sea directa, política, estructural, económica o cultural en los ámbitos público y privado, lo que exige el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos como condición para satisfacer las necesidades de los seres humanos, así como el respeto efectivo de todos los derechos humanos y de la dignidad inherente de todos los miembros de la familia humana; (4) Considerando que la paz es inseparable de la diversidad de la vida y las culturas, siendo la identidad la base de la vida; y afirmando, por tanto, que el derecho a la vida es el más importante entre todos los derechos, del cual derivan otros derechos y libertades, especialmente el derecho de todas las personas a vivir en paz; (…)(7) Consciente de la vulnerabilidad y dependencia de la vulnerabilidad y dependencia de todo ser humano, y de que determinadas circunstancias convierten en especialmente vulnerables a algunos grupos y personas; así como de la necesidad y el derecho que tienen todas las personas de vivir en paz y de que se establezca un orden social, interno e internacional, en el que la paz sea exigencia prioritaria, de manera que se hagan plenamente efectivos los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos; (…) (21) Considerando que la promoción de una cultura de paz, la redistribución mundial de los recursos y la realización de la justicia social deben de contribuir al establecimiento de relaciones globales económicas más justas que facilitarán el cumplimiento de los propósitos de esta Declaración, al eliminar las desigualdades, la exclusión y la pobreza, porque generan violencia estructural que es incompatible con la paz a nivel interno e internacional; (22) Afirmando que la paz debe estar basada en la justicia y que, por tanto, todas las víctimas sin discriminación tienen derecho a su reconocimiento como tales, a la justicia, a la verdad, así como a una reparación efectiva de conformidad con lo dispuesto en la resolución 60/147 de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 2005, que aprueba los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, contribuyendo así a la reconciliación y al establecimiento de una paz duradera; (…) (28) Afirmando que el derecho humano a la paz no será efectivo sin la realización de la igualdad de derechos y el respeto de las diferencias basadas en el género; sin el respeto de los diferentes valores culturales y creencias religiosas que sean compatibles con los derechos humanos universalmente reconocidos; y sin la eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia; (29) Convencida de que es urgente y necesario que todos los Estados reconozcan la paz como un derecho humano y aseguren su disfrute por todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, sin ninguna distinción, independientemente de la raza, la descendencia, el origen nacional, étnico o social, el color, el sexo, la orientación sexual, la edad, el idioma, la religión o la convicción, la opinión política o de otra índole, la posición económica o el patrimonio, la diversidad funcional física o mental, el estado civil, el nacimiento o cualquier otra condición; (…) Artículo 3 Derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro y sano. 1.- Toda persona tiene derecho a la seguridad humana, lo que incluye la libertad frente al miedo y frente a la necesidad, ambos elementos de la paz positiva. 2.- Los pueblos y los seres humanos tienen derecho a vivir en un entorno privado y público que sea seguro y sano, así como a recibir protección contra cualquier acto de amenaza o de violencia física o psicológica, con independencia de su procedencia estatal o no estatal. (…) 4.- La libertad frente a la necesidad implica el disfrute del derecho al desarrollo sostenible y de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: a.) el derecho a la alimentación, agua potable y saneamiento, salud, abrigo, vivienda y educación; b.) el derecho al trabajo y a disfrutar de condiciones laborales y sindicales dignas; el derecho a la igualdad de remuneración entre las personas que desarrollen la misma ocupación o prestación; el derecho a acceder a prestaciones sociales en condiciones de igualdad de trato; así como el derecho al descanso. (…) Artículo 11 Derechos de las víctimas. 1.- Todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos tienen derecho, sin discriminación, a su reconocimiento como tales, a la justicia, a la verdad, y a una reparación efectiva que les proteja ante violaciones de los derechos humanos, particularmente del derecho humano a la paz. 2.- Toda persona tiene el derecho imprescriptible e irrenunciable a obtener justicia ante violaciones de sus derechos humanos, lo que comprenderá la investigación y determinación de los hechos, así como la identificación y sanción a los responsables. 3.- Las víctimas de violaciones de los derechos humanos, sus familiares y la sociedad en general tienen el derecho imprescriptible de conocer la verdad 4.- Toda víctima de una violación de derechos humanos tiene derecho, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, a que se restablezcan sus derechos conculcados; a obtener una reparación integral y efectiva, incluido el derecho a rehabilitación e indemnización; a medidas de satisfacción o reparación simbólica; y a garantías de no repetición. Estos remedios no serán obstáculo para recurrir a tribunales populares o de conciencia y a instituciones, métodos, tradiciones o costumbres locales de resolución pacífica de conflictos, que sean admitidos por la víctima como medios aceptables de reparación.”

 

Evidencia 4: Violación a la Convención Americana de Derechos Humanos

CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: “Artículo 8.1 Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (…) Artículo 25. Protección Judicial •1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. •2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”

 

 

 

 

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