Dictamen sobre Presidente Maduro

 

Caso 24-2017: Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela

DICTAMEN SOBRE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO

4 de Mayo de 2017

 

A raíz de la continua opresión que sufre el Pueblo Venezolano por parte del Presidente de facto Nicolás Maduro, el cual sigue realizando violaciones a la Constitución y a los Tratados Internacionales firmados por Venezuela, a continuación se determinará si los hechos expuestos constituyen un acto de perpetuación y profundización de los delitos llevados a cabo por el Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) que ya han sido previamente sentenciados por el Tribunal Budista de Derechos Humanos.

 

  1. Descripción del Caso

En el 2004 la organización Human Rights Watch advirtió que el gobierno venezolano estaba creando una ley que le iba a poder permitir controlar y manipular al Tribunal Supremo de Venezuela, lo cual implicaba romper la independencia del poder judicial, quebrantando la división de poderes que es fundamental en un Estado Democrático Constitucional de Derecho. Además, durante el caso realizado por el Tribunal Budista contra el Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) hubo declaraciones públicas del Presidente Maduro en las cuales confirmaba que él estuvo detrás de las medidas ilegales tomadas por dicho Tribunal Supremo que violaban al Estado Constitucional de Derecho y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues expresó que rápidamente iba a cancelar dichas medidas para evitar conflictos entre la Fiscal General y el Tribunal Supremo. Pocos días después de la cancelación de las medidas tomadas por el Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ), que habían sido literalmente un “Golpe de Estado”, el gobierno de Maduro y su grupos paramilitares comenzaron una nueva represión violenta y asesina contra manifestantes pacíficos, generando varias decenas de muertos con total impunidad. Organismos internacionales como la OEA denunciaron esta represión asesina y también el “Golpe de Estado”, motivo por el cual el Presidente de facto Maduro anunció el retiro de Venezuela como miembro de la OEA. Al mismo tiempo, tras no recibir crítica alguna por parte del Vaticano frente a estos hechos ilegales, en el 1 de Mayo de 2017 el Presidente Maduro anunció que iba a crear una nueva Constitución pero no convocando al Parlamento sino a grupos civiles aliados a su gobierno, lo cual constituye no sólo una nueva violación a la Constitución creada por Hugo Chávez sino también una nueva profundización del “Golpe de Estado”. De hecho, el politólogo Nicmer Evans, miembro del partido político gobernante, ha confirmado que el Presidente Maduro está realizando una traición clara a Chávez y al pueblo, pues suspende todo el Estado de Derecho e inicia un periodo dictatorial, siendo un golpe contra la Constitución promovida por Chávez. Con respecto a la profundización de los crímenes anteriormente iniciados por el Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ), el Tribunal Budista de Derechos Humanos procede a emitir el siguiente dictamen ético legal sobre la Responsabilidad del Presidente Maduro.

 

  1. Advertencia Preliminar

El Comité Internacional de Ética Budista & Tribunal Budista de Derechos Humanos evalúa violaciones a la ética y a los derechos humanos, por lo que su marco jurídico es el Derecho Tribal Budista y el Derecho Internacional. Estos procedimientos son milenarios e intrínsecos al sistema de autogobierno de la comuna espiritual (sangha), aunque poseen la innovación de la jurisdicción universal que permite analizar violaciones de otras comunidades y países.

Los casos legales llevados a cabo finalizan con una Sentencia. Sin embargo, cuando se produce un agravamiento de las condiciones sentenciadas, la Sentencia adquiere una inmediata legitimidad ética para emitir actas, notificaciones, resoluciones, comunicados y dictámenes que denuncian tales agravamientos.

 

  • Violaciones a la Constitución y a los Derechos Humanos

Con el objetivo de analizar en el presente caso la existencia de un acto de “Golpe de Estado” por parte del Presidente Nicolás Maduro de Venezuela, es fundamental ofrecer los antecedentes de violaciones a los derechos humanos realizados por el acusado. Si bien el Presidente Maduro ha sido elegido por medio del voto, lo cierto es que ejerce una Presidencia de facto en Venezuela por violar los principios de la democracia y del orden republicano, manteniendo un esquema sistemático y generalizado de violación de los derechos humanos. Su ambicion por mantener la hegemonía absoluta del Poder político, algo muy común en los regímenes dictatoriales, lo ha llevado a violar el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, amenazando, hostigando y realizando agresiones contra periodistas y medios de comunicación, además de censurar y restringir el derecho a la libertad de información que posee el pueblo venezolano. En este sentido, organizaciones internacionales prestigiosas, entre las cuales se encuentran Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han denunciado que el gobierno de Maduro ha intimidado y hostigado a los defensores de derechos humanos que trabajan en Venezuela. Este comportamiento ilegal no sólo viola los tratados internacionales de Derechos Humanos firmados por Venezuela, sino que también viola la misma Constitución venezolana y traiciona los principios libertarios de la revolución socialista. El Presidente Maduro ha criminalizado tanto a la protesta de la sociedad civil  como también al accionar de partidos políticos opositores, utilizando el poder judicial para la intimidación y persecución de críticos políticos, incluyendo el acto ilegal de tener prisioneros de consciencia, juicios fraudulentos y violaciones al debido proceso, detenciones arbitrarias sistemáticas y generalizadas acompañadas de torturas y tratos inhumanos, además de haber perpetrado ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad que privan ilegalmente del derecho a la vida, motivo por el que el Tribunal Budista de Derechos Humanos coincide con el Secretario Almagro de la OEA en que estas prácticas son propias del inicio de un Estado opresor y la terminación del Estado Constitucional Democrático de Derecho. Al privar al pueblo de acceder a la justicia, la Verdad y la reparación, especialmente en casos de violaciones a los derechos humanos, como los múltiples casos de torturas y asesinatos contra manifestantes políticos que han quedado impunes, el Sr Maduro ha quebrantado el contrato social democrático del país. El modo en el que el Presidente Maduro despoja al pueblo de los derechos democráticos, al negarse a convocar elecciones o aceptar referéndums por voto popular, muestra que no encarna la función legítima de su cargo sino que el Sr Maduro se comporta como un Presidente de facto, lo que implica que todo su gobierno no es más que una Dictadura cívico militar que concentra el poder político y jurídico en una fuerza no-democrática. Aunque el Presidente Maduro y la Fiscal General de Venezuela han afirmado que las violaciones a los derechos humanos son casos aislados, las evidencias demuestran un patrón amplio y extendido de abusos, pues fueron una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad y con complicidad de fiscales y jueces del país. Este ambiente de impunidad es acompañado también por un ambiente de corrupción y narcotráfico, pues como se ha evidencia en un juicio contra los sobrinos del Presidente Maduro, el gobierno venezolano y sus fuerzas militares controlan todo el narcotráfico en Venezuela, siendo gracias a la complicidad y corrupción del gobierno venezolano que por este país transita casi la mitad de la droga de todo el mundo. En lugar de estar dedicados a una revolución socialista que lleve libertad, igualdad y fraternidad a todo el pueblo, el gobierno cívico-militar del Presidente Maduro está dedicado al crimen organizado y abusos a los derechos humanos.

 

  1. Crímenes de Lesa Humanidad

Tras haber sentenciado violaciones a la Constitución y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos realizadas por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, bajo el liderazgo del Presidente Maduro, es un deber ético ineludible por parte del Tribunal Budista de Derechos Humanos establecer si dentro de dichas violaciones acaso se cometieron “Crímenes contra la humanidad”. A tal fin se consideran como válidas y legítimas múltiples denuncias que se han presentado ante la Corte Penal Internacional (ICC) contra el Presidente Maduro en los años 2014, 2015 y 2016. Precisamente, en el año 2014, unos doscientos legisladores de ocho países de Latinoamérica denunciaron internacionalmente al Presidente Maduro por “Crímenes de lesa humanidad”, solicitando investigar su represión masiva, generalizada y sistemática contra protestantes pacíficos y desarmados, que ha incluido decenas de muertos y torturados.

En noviembre de 2015, Carlos Vecchio y Juan Carlos Gutierrez, representando a un grupo de familiares de víctimas, realizaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional (ICC) por “Crímenes contra la humanidad” realizados por el Presidente Maduro hacia la población civil, incluyendo pruebas de violencia sistemática y generalizada como asesinatos, tortura y persecución por motivos políticos. Esta segunda denuncia demuestra que según el artículo 7 del Estatuto de Roma el Presidente Maduro estaría cometiendo “Crímenes contra la humanidad” por realizar ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil como asesinatos extrajudiciales (ejemplos Génesis Carmona, Guillermo Sánchez y Kluiverth Roa), privaciones ilegítimas de la libertad (ejemplos Christian Holdack, Luis Augusto Matheus Chirinos, Marcelo Crovato y Rosmit Mantilla), torturas (ejemplo Gloria Tobón), persecuciones a grupos por motivos políticos (ejemplos Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos y Enzo Scarano) y otros actos inhumanos (ejemplo Juan Manuel Carrasco). El Tribunal Budista de Derechos Humanos ha constatado que en 2014 el Presidente Maduro adoptó un sistema estatal de ataque contra la población civil políticamente disidente, restringiendo y castigando a manifestantes políticos opositores por medio de violaciones a los derechos humanos que incluyen la comisión de “Crímenes de lesa humanidad” perpetrados de forma generalizada y sistemática por fuerzas de seguridad estatales y grupos paramilitares bajo el control de facto del Sr Maduro. En un corto período de tiempo, en 2014 se realizaron más de 33 asesinatos contra civiles, el encarcelamiento a más de 3300 manifestantes, la tortura a más de 400 manifestantes, y el trato inhumano a más de 800 personas, siendo un suceso que debido a la impunidad sostenida por el Vaticano y las cortes internacionales ha vuelto a ocurrir durante Abril de 2017 con la misma intensidad represiva por parte del gobierno dictatorial de Maduro.

También en el año 2015, el Procurador General de Colombia, el Sr Alejandro Ordóñez, presentó ante la Corte Penal Internacional (ICC) un informe de “Crímenes de lesa humanidad” cometidos por el Presidente Maduro contra ciudadanos colombianos, incluyendo delitos de desplazamiento forzoso de 15000 personas, desapariciones forzadas y torturas contra ciudadanos colombianos que vivían en la frontera dentro del territorio venezolano, en un claro ataque de carácter sistemático y generalizado.

En el año 2016, la activista social Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, ha presentado una nueva denuncia ante la Corte Penal Internacional (ICC) contra el Presidente Maduro por “Crímenes contra la humanidad”, denunciando torturas contra presos políticos junto con hostigamiento y persecución a partidos políticos. El Presidente Maduro ha liderado un plan de amedrentamiento, confrontación y castigo contra disidentes políticos, amenazando a la población civil de modo sistemático a través de la represión violenta y la persecución judicial, por lo que el Presidente de facto Maduro castiga a la oposición política con un sistema de opresión donde de forma cómplice acatan sus órdenes las fuerzas de seguridad, los grupos paramilitares, los fiscales, los jueces y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, todos juntos confabulados en una dictadura cívico-militar que brinda impunidad a delitos generalizados de violencia brutal, indiscriminada y desproporcionada que afecta a todas las clases sociales del país, pues las víctimas son políticos, estudiantes, abogados, activistas sociales, empresarios y ciudadanos ordinarios.

El Tribunal Budista de Derechos Humanos manda un mensaje de solidaridad a todo el pueblo de Venezuela, comprometiéndose a que su sufrimiento no sea ignorado y no quede impune en el olvido. Por ello, más allá de los castigos, es indispensable que la Verdad sea denunciada y quede claramente establecida. Se confirma que las víctimas del Presidente Maduro son reconocidas aquí y ahora por medio del Tribunal Budista de Derechos Humanos, el cual dictamina que el Dictador Maduro ha cometido de forma general “Violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, y que de forma específica ha cometido “Crímenes de lesa humanidad”. Como las cortes internacionales parecen estar desapareciendo lentamente en el marco de una comunidad internacional de Estados cada vez más populistas y autoritarios, adquiere un valor muy importante la labor del Tribunal Budista de Derechos Humanos para que los crímenes internacionales no queden impunes. Aunque el Tribunal Budista de Derechos Humanos no tiene ningún tipo de poder policial para sancionar o detener por medio de la fuerza a los delitos liderados por el Presidente Maduro, ciertamente el Tribunal Budista tiene un supremo poder ético y espiritual para dictaminar su Responsabilidad en el “Golpe de Estado” y en los “Crímenes contra la humanidad”. En las semanas previas a la última elección que perdió el gobierno, el Presidente Maduro había advertido que si perdían dichas elecciones legislativas entonces Venezuela entraría en una de las etapas más turbias y conmovedoras de su vida política porque su revolución pasaría a ser cívico-militar. La historia ha demostrado que él cumplió con su promesa.

 

  1. Conclusión

Tras describir el caso junto con los antecedentes de violaciones a los derechos humanos realizados por el acusado, el Tribunal Budista de Derechos Humanos se encuentra en condiciones de dictaminar la Responsabilidad de Nicolás Maduro en el “Golpe de Estado” en Venezuela, así como en la comisión de “Crímenes contra la humanidad”. El pueblo de Venezuela está sufriendo una violación a su orden constitucional por parte de un régimen que ha violado los principios fundamentales de los derechos humanos. La violación a los derechos humanos es el gran problema de Venezuela. El régimen dictatorial de Maduro es el fin de la democracia en ese país, terminando con la Constitución y dando inicio a un nuevo orden fraudulento legitimizado únicamente por su partido político. El régimen dictatorial de Maduro ya ha violado la independencia judicial, adueñándose del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para sostener sus conductas de detenciones arbitrarias, prisioneros políticos, anulación del Parlamento, quebrantamiento de los derechos sociales al alimento y salud, anulación de los derechos democráticos a convocar a elecciones regionales y referéndum revocatorio, represión violenta a manifestantes pacíficos y asesinatos impunes por parte de fuerzas de seguridad y grupos paramilitares. Este sistema de corrupción e impunidad ha consolidado a la Presidencia de Maduro como un régimen autoritario y dictatorial que incumple con las pautas previstas en la Constitución de Venezuela, convocando a la creación de una nueva Constitución pero sin recurrir al Parlamento ni tampoco al sufragio universal del Pueblo que es la base de la soberanía nacional. El Presidente de facto de Venezuela está convirtiendo un sistema de república en una dictadura que ignora al poder constituyente del pueblo venezolano, pues sin la aprobación directa de los electores -o la aprobación indirecta por medio de sus representantes- todo proceso de nueva Constitución sería inválido, ilegal, inconstitucional y fraudulento. El pueblo está conformado integralmente por todos los ciudadanos, y no sólo por el sector de aquellos que siguen al partido gobernante. Cuando un gobierno únicamente provee derechos a sus seguidores, este sistema de populismo se convierte en una herramienta perversa de opresión política, económica, cultural y ambiental. La profundización del “Golpe de Estado” llevado a cabo por el Presidente Maduro, por medio de la creación ilegal de una nueva Constitución, viola los principios fundamentales de la libertad, igualdad y fraternidad, siendo convocada sobre el fundamento de la discriminación política y la forma antidemocrática, usurpando el poder originario constituyente del pueblo venezolano. La presidencia de Maduro viola los principios elementales reconocidos en las normas de los derechos humanos a nivel internacional, y también en el sistema democrático de la propia Constitución nacional de Venezuela, realizando contundentemente un “Golpe de Estado” promovido desde su presidencia con el fin de usurpar y anular definitivamente el poder del pueblo, simultáneamente intimidando a la comunidad nacional e internacional con la violencia y los asesinatos. El Tribunal Budista de Derechos Humanos se une y solidariza con el pueblo venezolano en su búsqueda de la Independencia, Derechos Humanos y Democracia. Al defender la libertad, igualdad y fraternidad de toda la humanidad, promoviendo el respeto por la naturaleza dhármica o dignidad intrínseca de todos los seres humanos, el Tribunal Budista de Derechos Humanos ha encontrado suficientes evidencias para confirmar un Dictamen legal contra Nicolás Maduro por “Golpe de Estado” y “Crímenes de lesa humanidad”, siendo un Dictamen que se produce como consecuencia de la profundización de la Sentencia previa por “Violación al Estado Constitucional Democrático de Derecho” y Violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. En concordancia con los tratados internacionales, el Tribunal Budista de Derechos Humanos tiene el deber absoluto de hacer respetar el derecho a la vida, el derecho a la paz, el derecho a la justicia y el derecho a la salud, todos los cuales han sido violados extendida y sistemáticamente por el Presidente de facto Nicolás Maduro.

Ergo, el Tribunal Budista de Derechos Humanos dictamina que:

  1. Se declara como ilegal y “Golpe de Estado” a la convocatoria a una nueva Constitución en Venezuela.
  2. Se afirma que el Presidente Maduro incumple con los derechos humanos del pueblo venezolano al no brindar acceso pleno a la salud, el trabajo, la Justicia, la democracia y la paz.
  3. Se requiere a todos los países limítrofes de Venezuela que reciban y no expulsen a los miles de futuros refugiados venezolanos que huirán de los “Crímenes de lesa humanidad” realizados por Maduro, incluso existiendo la posibilidad de que Venezuela sufra una guerra civil.
  4. Se exige que Fatou Bensouda, la Fiscal de la Corte Penal Internacional (ICC), comience a trabajar adecuadamente en el caso de Venezuela y que prontamente lleve al Presidente Maduro ante la justicia internacional por “Crímenes contra la humanidad”, dejándose constancia que la indiferencia o el retardo injustificado para dar justicia ante estos crímenes constituye un acto de complicidad omisiva.

 

Siempre con espíritu de reconciliación,

Maestro Maitreya Samyaksambuddha

Presidente del Comité Internacional de Ética Budista y Tribunal Budista de Derechos Humanos

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